La noche del miércoles 11 de febrero de este 2009, Rosa Nelly Urrutia Castañeda
abrió la puerta de su casa y levantó la hoja que estaba en el suelo. Era una
notificación judicial. El día acababa. Eran las 10 y media de la noche. Llegaba
del cuarto día de mitin frente ala Suprema Corte de Justicia.
Su hijo, Héctor Galindo Gochicoa, es uno de los 13 presos que hubo como resultado de los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, entre pobladores y policías. Héctor es, además, su propio abogado.
La notificación le informó que el interno está a disposición de la Dirección
General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México,“compurgando la pena privativa de su libertad de 67 años y seis meses de prisión y multa de 113 mil 333 pesos o 2 mil 474 días de jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, o por igual días de confinamiento en caso de insolvencia e incapacidad
física”. Esto es por el cargo de secuestro equiparado.
Pero hay más. Lo conoce apenas lee el documento Rosa Nelly Urrutia. Otros tres cargos enfrentará Héctor Galindo:
1. La probable comisión del delito de ataque a las vías de comunicación y medios de transporte.
2. La probable comisión de los delitos de lesiones y daño en los bienes.
3. La probable comisión del delito de despojo.
–Se están ensañando con mi hijo.
Primero, desde octubre le han impedido ver a su familia, lo tienen incomunicado.
Y ahora, diciéndole que tiene más cargos. Esta es una manera máscon la que quieren intimidarnos.
–¿Se ha pensado en la amnistía, en pedir al gobierno un perdón para los inculpados?
–Sería bueno que se diera, porque esas personas no pueden pasar cadena perpetua en un penal. Deben salir para continuar con su trabajo. A continuar con su deber. Que se les dé su libertad incondicional. Y si se las van a dar, que sea a cambio de nada.
La decisión se produjo después de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación discutió durante siete sesiones el tema de las violaciones a los derechos humanos en los enfrentamientos de San Salvador Atenco: la mayoría de los ministros se pronunciaron por declarar que ni Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, ni Eduardo Medina Mora, actual titular de la PGR, son responsables de las violaciones graves a las garantías que se registraron el 3 y 4 de mayo de 2006.
De los 11 ministros, únicamente Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador del Estado de México y al procurador de la República se les declarara responsables.
No pasó nada.
Ocho de los 11 ministros afirmaron que las violaciones sólo se pueden atribuir a los cuerpos policiacos que ejecutaron materialmente los operativos, así como a los mandos encargados de la coordinación y supervisión.
Góngora Pimentel fue el único que pidió que no se dejara pasar por alto que tanto Peña Nieto como Medina Mora eran responsables “por la omisión de vigilar lo que hicieron las fuerzas públicas.
Los enfrentamientos en ese lugar fueron un acto de violencia planeada y las autoridades de rangos superiores fueron los autores intelectuales de las agresiones”.
La votación fue abrumadora: ni uno ni otro son responsables. La reacción es inmediata. No se levanta el plantón que tiene a un puñado de atenquenses blandiendo nuevamente los machetes.
Heriberto Salas Amat, uno de los líderes, muestra su molestia: “Esta determinación
abre la puerta a la impunidad en México.
“Lamentamos la decisión de los ministros al no señalar como responsables de los abusos al gobernador Peña Nieto, y al procurador Medina Mora. Esto es una clara señal que se envía a la sociedad de que cualquier gobernante puede reprimir a las organizaciones sociales sin recibir castigo.
Los ministros limpian de toda culpa al principal precandidato del PRI a la Presidencia de la República y al procurador general, uno de los hombres
más cercanos al presidente.
“Durante los operativos hubo agresiones físicas, abusos sexuales, detenciones, allanamientos ilegales y la muerte de dos personas”.
Siete sesiones de la Suprema Corte dedicadas a analizar la investigación
en torno a los hechos de Atenco y Texcoco.
Hacia el tercer día de análisis, 10 de los 11 integrantes de la Corte concluyen
que a los funcionarios no sólo no se les pueden atribuir las violaciones
registradas, sino que, por el contrario, se les debe reconocer su actuación al autorizar el uso legítimo de la fuerza pública para desalojar la carretera bloqueada,
liberar a los policías detenidos y restablecer el orden.
De esos 10 ministros, siete se dijeron convencidos de que las violaciones y los abusos fueron cometidos sólo por algunos de los policías de los pelotones y secciones que participaron en los enfrentamientos, así como por algunos de los mandos medios que tenían la obligación de supervisar los
operativos.
Dos ministros más –José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza– se manifestaron por no fijar responsabilidades a ningún funcionario y por únicamente dar a conocer una lista de los 2 mil elementos de la policía y altos mandos federales y locales que
participaron en los hechos.
El ministro Sergio Aguirre se mantuvo firme: para él ni siquiera existieron
violaciones graves. Para los otros sí, aunque sin culpables.
Algo raro: no hay responsables, pero sí un catálogo de violaciones, tal como lo aprobaron los ministros.
En cinco horas de discusión, separadas por dos recesos, 10 ministros coincidieron en que se violaron derechos a la vida, a la no discriminación por género, a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio y a las libertades de trabajo, sexual y de expresión.
El único en desacuerdo con declarar la existencia de violaciones a garantías fue Aguirre Anguiano, e incluso puso en duda que algunas mujeres hubieran sido víctimas de abusos sexuales. Su propuesta no tuvo eco.
Y aunque le ganaron abrumadoramentea Aguirre Anguiano, los ministros Sergio Valls Hernández, Mariano Azuela Güitrón, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Franco González Salas, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia concluyeron que a quienes dieron la orden de usar la fuerza pública no se les puede responsabilizar de los abusos en que incurrieron los policías.
El ministro José Ramón Cossío ubicó al almirante Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Pública Estatal, como el funcionario de más alto rango al que
podría responsabilizarse.
En la séptima sesión, el pleno del alto tribunal determinó hacer un pronunciamiento
sobre los actos que constituyeron una violación grave de derechos humanos.
El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó que el pronunciamiento se remitiría a las autoridades competentes, para que en el ejercicio de sus atribuciones, “si así lo estiman necesario, complementen las investigaciones legales, y que podrían derivar en responsabilidades, civiles, penales, políticas o administrativas”.
Los ministros aprobaron que este pronunciamiento se haga llegar al presidente Felipe Calderón; al gobernador Peña Nieto, así como a la Dirección de Asuntos Internos de la PFP y a la Contraloría Interna de la Secretaría General del gobierno estatal.
Las opiniones de la Corte no obligan a las autoridades a tomar acciones contra los involucrados, y les serán enviadas a los titulares de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y de la Policía Municipal, así como a las procuradurías General de la República (PGR) y mexiquense (PJEM).
Además, se enviará copia al Congreso de la Unión, al Congreso estatal y al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en el que participan los gobernadores de los estados, a fin de que se impulse el diseño de leyes y el establecimiento de criterios sobre el uso de la fuerza pública.
Ortiz Mayagoitia llamó a los poderes legislativos a normar el ejercicio de la fuerza pública y la forma en que las corporaciones se deben relacionar con la sociedad, “no para desalentar el uso de la fuerza pública so pretexto de temores de quienes deban tomar esas decisiones ante hechos que ante ninguna circunstancia son admisibles”.